Coletazos (preliminares) del Pentagate

Publicado : 10 Octubre, 2014 en Columnas Chile 21, Gloria de la Fuente

|por Gloria de la Fuente|


Nadie podría negar que la ley sobre financiamiento y límite del gasto electoral promulgada el 2003 fue un gran avance en materia de regulación del gasto de campañas e instalación de mayor equidad en la competencia por espacios de poder, sin embargo, a más de una década de su promulgación, también es cierto que dicha legislación ha mostrado ser insuficiente para erradicar los mantos de opacidad en la política y, peor aún, ha quedado algo obsoleta en relación a ciertas prácticas y la necesidad de considerar la dimensión ética de la actividad pública.

En efecto, si hay algo que muestra el llamado caso Pentagate es que hace rato en Chile el vínculo entre política y dinero se ha tornado algo cínico y, en algunos casos, poco deseable. A nadie le cabe duda que múltiples empresas financian campañas, de hecho, los datos ahí están y la ley lo autoriza, no habría nada malo en ello si todos conociéramos cuales son esos aportes y a quienes van dirigidos, especialmente cuando se refiere a campañas parlamentarias, porque es ahí donde eventualmente se puede producir la mayor incidencia respecto a la toma de decisiones o, peor aún, el pago de favores a cambio de conducir las decisiones de determinada manera. En tal sentido, el mejor antídoto frente a la evidente concentración del poder económico y elitización de la política, es dotar a los ciudadanos de instrumentos de control y rendición de cuentas que hagan transparente la información, evitando con ello los potenciales espacios para la corrupción y el abuso de poder.

En tal sentido, creo que no es trivial lo que pase en el Senado en esta materia en torno a la indicación de gastos en campaña presentada por los diputados Mirosevic y Jackson, porque no es casualidad que varios senadores hayan planteado su desacuerdo con la iniciativa. Por eso no parece razonable que el gobierno quiera sacar esta iniciativa y ponerla en una agenda de reformas distintas para no atrasar la discusión del binominal, porque si la indicación se aprobó en la Cámara, no hay excusas suficientemente creíbles para no hacer lo propio en el Senado. Es más, si el sector político hoy afectado por las acusaciones quisiera dar una señal, debiera entonces ir a la vanguardia y estar dispuesto a limitar la injerencia del dinero en la política y promover la transparencia, sobretodo porque quienes se ven preliminarmente implicados en esto son senadores de su partido.

Esto implica por cierto otro desafío de más largo aliento y en esto si la agenda de reformas políticas que el gobierno ha anunciado se torna relevante. Por lo pronto, vale la pena poner la atención sobre una serie de elementos que tienen que ver con el “régimen electoral”, es decir, con todas aquellas normativas y reglas del juego que inciden en los procesos electorales más allá del propio sistema electoral. Así, por ejemplo, debiera preocuparnos limitar el gasto y la forma de hacer campañas en Chile, porque el cambio al binominal y la ampliación de los distritos no debiera hacerse aumentando los costos de competir ni promoviendo la contaminación con la excesiva exposición de material de campaña en las calles que nadie después limpia. Del mismo modo, es más o menos evidente que el órgano electoral, el Servel, tiene limitadas competencias para actuar proactivamente en la fiscalización del gasto y en la promoción de iniciativas que mejoren en general los procesos electorales (voto electrónico, voto adelantado, promoción de la formación ciudadana en estas materias, etc). Por último, nada de esto se puede lograr sin una adecuada reforma a los partidos, la promoción de su financiamiento permanente y La introducción de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.