Argentina y el sistema financiero internacional

Publicado : 23 Agosto, 2014 en Carlos Fortín, Columnas Chile 21

|por Carlos Fortín|


La decisión de un juez de distrito de Nueva York que bloqueó los pagos de Argentina a más del 92% de sus acreedores, debido a la oposición de los fondos especulativos (los fondos buitre) que detentan el resto de la deuda es, sin duda, una mala noticia para el gobierno y el pueblo argentinos. Pero también es una mala noticia para el sistema financiero internacional en su conjunto y para la gobernanza económica internacional en general.

Esto lo ha hecho presente un buen número de analistas de alto nivel, que van desde el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y un subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y el gobierno francés, que tomó la poco habitual medida de presentar un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos instándola a revocar la decisión.

El escrito del gobierno francés resume netamente las consecuencias adversas de la decisión en la economía financiera global: la decisión pone en peligro la capacidad de los deudores soberanos para lograr la reestructuración ordenada y negociada de su deuda externa; y amenaza el crédito soberano, particularmente la ayuda al desarrollo en forma de préstamos a los países en desarrollo.

El escrito recuerda que en ausencia de un régimen internacional que regule la quiebra soberana, han emergido mecanismos voluntarios de base contractual basados en prácticas aceptadas por los participantes: los acreedores soberanos (principalmente en el contexto del Club de París), los acreedores bancarios y los tenedores de bonos. El proceso moderno de reestructuración depende de la coordinación, el diálogo estrecho y la negociación de buena fe entre todos los acreedores y el deudor soberano. El mecanismo es complejo y se ha decantado a través de un desarrollo histórico de décadas, y su efectividad se funda en un fino equilibrio de intereses.

Según el gobierno francés, la decisión judicial norteamericana constituye un cambio fundamental en los incentivos a los participantes; de confirmarse, va a crear obstáculos significativos a las negociaciones de buena fe sobre reestructuración, al otorgar un poder desproporcionado a un pequeño grupo de tenedores de bonos recalcitrantes en detrimento de la mayoría de los acreedores.

Nada de esto, por supuesto, ha tenido efecto en el resultado del caso hasta la fecha; la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia del juez de distrito y la Corte Suprema se negó a conocer del caso. Y esta es quizá la preocupación más grave que surge de este episodio: el que negociaciones financieras internacionales complejas y delicadas que pueden tener impacto en las vidas de millones de personas, sean decididas por tribunales nacionales que no tienen la capacidad técnica necesaria para entender las cuestiones planteadas, ni la sensibilidad a los temas de desarrollo internacional y de justicia global para poner los argumentos jurídicos en perspectiva.

En estos aspectos, el caso argentino es un ejemplo extremo. Según todas las versiones, el juez a cargo del caso, Thomas P. Griesa, carece de la formación básica en economía y finanzas necesaria para abordar las varias dimensiones del caso. Un reporte de The New York Times sobre una de las últimas audiencias afirma que “la audiencia esta semana dejó claro que él no había comprendido totalmente las transacciones de bonos sobre las que había estado emitiendo sentencias durante años”.

El problema, sin embargo, va más allá de la simple ignorancia técnica. Tiene que ver con una mentalidad según la cual la deuda soberana no es diferente de la deuda individual ordinaria. El juez Griesa se ha referido reiteradamente en sus decisiones a las “obligaciones” de Argentina, como si ellas debieran tener prioridad con respecto a toda otra consideración, como es en general el caso con las obligaciones contractuales individuales. Esto va en contra de entendimientos bien establecidos entre los actores en el mercado de bonos soberanos. Como dice Stiglitz, “todos los inversores en bonos soberanos saben que hay un riesgo de no-pago (default), por eso los bonos pueden pagar una tasa de interés mucho más alta que los bonos estadounidenses”. De hecho, en el caso argentino los bonos fueron adquiridos por los fondos buitre en el mercado secundario a precios muy reducidos después de que Argentina se había declarado en default en 2001. Equiparar esta situación con “obligaciones” en un contrato de préstamo privado es ignorar la esencia misma de los acuerdos sobre deuda soberana.

La salida para este dilema radica en la creación de un sistema internacional para la reestructuración ordenada de la deuda soberana que saque el tema del ámbito de los tribunales nacionales y lo coloque en una jurisdicción internacional especializada. Sobre el particular ya existe una propuesta hecha por el FMI en 2003 y hay además trabajos avanzados de “Principios sobre préstamos y endeudamientos soberanos responsables” en la Unctad. Lo que se necesita ahora es voluntad política suficiente para implementar los cambios necesarios.