Concesiones bajo sospecha

Publicado : 18 Agosto, 2014 en Columnas Chile 21, Rafael Urriola

|por Rafael Urriola|


EL SISTEMA de concesiones ha entrado en una fase compleja. El conflicto en el Hospital del Salvador parece reflejar tal situación. Allí, las reacciones del conjunto de los trabajadores, incluyendo el estamento profesional -que no había tomado protagonismo en protestas anteriores-, colocan al gobierno en una situación incómoda.

Las concesiones hoy están “bajo sospecha” en diversos aspectos: su eficacia económica (costos supuestamente muy superiores a los del sector público en la modalidad de inversión directa); en cuanto a su gestión real (los costos para los usuarios o para el Estado se incrementan “sorpresivamente”, sea con aumentos de tarifas por sobre los índices generales de precios sin justificación), y en cuanto a los diseños contractuales (favorecen a las empresas y perjudican al Estado; todos los proyectos tienen pagos adicionales por obras complementarias) o a los usuarios (por ejemplo, en zonas como El Castillo, en La Pintana se “encerró” a la población con la ruta de entrada Santiago-Talca).  ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Cuánto es mala intención o ignorancia?

Específicamente, en el Complejo del Salvador hubo voces críticas con respecto a las concesiones por parte de los trabajadores. El problema esencial es que poco se debatió acerca del destino de ellos durante los trabajos, ni del lugar de las consultas, ni de los lugares a los cuales serían destinados los pacientes. Ello incubó una profunda desconfianza a la que se sumaron documentos que indicaban que los costos del sistema eran al menos 30% superiores a los que hubiese costado la obra contratada directamente por el Minsal.  

Las autoridades no han dado cifras alternativas y, más aun, se sumaron a las críticas y se plegaron al compromiso de no reabrir concesiones. Todo ello parece dar razón a los críticos. Sin embargo, hay un problema muy grave en juego, pues una eventual suspensión unilateral del contrato sería muy onerosa para el Estado.  En estas circunstancias, se debe recurrir a un proceso que aproxime la legalidad del contrato a la legitimidad en los procesos concesionarios, es decir, la empresa también tiene una responsabilidad importante para con la comunidad afectada.

Las ventajas del sistema de concesiones se fundaron inicialmente en la capacidad de “apalancamiento” de recursos sin influir en las cuentas financieras relevantes del sector público (aunque por las características de los contratos  deben hacerse provisiones para estos pasivos contingentes). Es decir, ante la ausencia de recursos parecía ser una alternativa eficiente y rápida para lograr acelerar y mejorar la conectividad (obras viales)  y, de este modo, generar efectos multiplicadores sobre la economía en general. Estas condiciones han cambiado, porque el gobierno tiene recursos en el exterior que obtienen tasas inferiores que las estipuladas en los contratos de concesiones o, alternativamente, el Estado podría recuperar recursos de los afiliados de las AFP pagando por sobre el 4% que actualmente reciben por sus cotizaciones.

En definitiva, si las concesiones son un aporte para el país, son las empresas las llamadas a explicar y entusiasmar a la población para evitar conflictos innecesarios.