Las propuestas de Piñera sobre modernización del Estado

Publicado : 11 Marzo, 2009 en Prensa

En una entrevista en el Mercurio y en un artículo en este medio, el candidato de la derecha  busca transmitir sus ideas para “paliar la crisis” y para avanzar “Hacia el Estado que merecemos”. En relación con lo primero, se trata, en su mayoría, de ideas que el gobierno viene implementando (su buena gestión ha sido reconocida ampliamente por los ciudadanos según ha quedado claro en las últimas encuestas, en que el gobierno recibe un gran apoyo por su gestión frente a la crisis); respecto de lo segundo, su texto me genera los siguientes comentarios.

Piñera parte señalando que “el problema (del Estado) es su calidad, no su tamaño…debemos reemplazar la vieja discusión de más o menos Estado por el nuevo desafío de cómo construir uno moderno al servicio de las personas”. Este es un claro reconocimiento de que la política de minimización del Estado (del cual la derecha ha sido un gran paladín) ha fracasado. Este es un punto a favor de la Concertación que ha logrado a lo largo de sus gobiernos revertir está visión equivocada de la oposición. La defensa de un rol activo del Estado, explica probablemente, que estemos enfrentando mejor la crisis económica internacional, que otros países (y, sin duda, mucho mejor que como la enfrentó el gobierno de la derecha en 1982).

El candidato busca ilustrar la urgencia de la modernización con las “metidas de pies y manos del Transantiago, del tren al sur y Enap”. Algunos comentarios al respecto. Preocupa que un aspirante al sillón presidencial trate, temas de esta complejidad, con tanta soltura de ánimo. Tiene razón, sin embargo, en que estos problemas tienen que ver con falta de modernización pero, remiten también a temas distintos que impiden meterlos en un mismo saco. Transantiago tiene que ver con los problemas de coordinación que presenta la actual arquitectura del ejecutivo y el enfoque tecnocrático que caracterizó su diseño y su implementación (por ejemplo, falta de consultas a la ciudadanía y a las autoridades públicas más cercanas a ella). Los problemas de EFE son inseparables de las decisiones de privilegiar el transporte carretero por sobre el ferrocarril. Los problemas de ENAP tienen que ver (aunque no exclusivamente) con la gran volatilidad de los precios de los combustibles producto de los problemas internacionales (guerras y crisis económica). Más preocupante que esto es, sin embargo, que cuando Piñera  cuantifica los costos de estos problemas, olvida cuantificar los costos de la ausencia del Estado en otras áreas relevantes. Dos observaciones al respecto. Las decisiones de inversión en el sector eléctrico corresponden a las empresas privadas. Mientras durante 4 años los problemas de Argentina en el período 2000 – 2004,  anunciaban una crisis en el abastecimiento de gas, dichas empresas no tomaron ninguna medida al respecto. “Cuando se corta la llave” la única solución disponible era la utilización de diesel, combustible considerablemente más caro. El problema lo empezó a resolver el Estado cuando dispuso la construcción de las plantas de GNL. Respecto de los costos, vea Usted amable lector, su cuenta de electricidad… Una segunda área en que se ha promovido la gestión privada en desmedro de un rol más activo del Estado, es el sistema de pensiones. Las pérdidas provocadas por el sistema de capitalización individual a las cuentas de los ahorrantes de los fondos de pensiones varían día a día; en todo caso están fluctuando en torno a los US$ 30.000 millones de dólares. Si tiene dudas mire su cartola previsional. Por suerte, la mitad de los chilenos está protegido por el Pilar Solidario (administrado y financiado por el Estado).

Luego de estas observaciones generales, Piñera entra en el área chica de las propuestas.  Propone en primer lugar “priorizar las funciones que más interesan y afectan la calidad de vida de las personas y en las que el Estado tiene un rol insustituible”. Nadie podría negar que esto es lo que ha venido haciendo la Concertación en toda su gestión: desde la reforma tributaria de 1991 destinada a abordar los problemas más acuciantes de la pobreza heredada del régimen militar, pasando por el apoyo a las escuelas más pobres, la revolución generada en el ámbito de la salud pública por el plan auge estructurado sobre la base de un enfoque de derechos, la solución de los problemas de la desigualdad desde la cuna, con el plan “Chile crece contigo” hasta el mencionado pilar solidario del sistema previsional. El gran desafío pendiente es la Educación Pública. Lo que no queda claro es que es lo que haría diferente el candidato Piñera. Es bueno que se aclare esto, pues las políticas indicadas, que impulsó la Concertación, las hizo revirtiendo la política de la derecha bajo el régimen militar, cuyo slogan básico fue siempre “soluciones privadas para los problemas públicos” que tuvieron como resultado, los mayores niveles de pobreza de la historia del país, una salud pública en los suelos y la mitad de la población excluida de la posibilidad de una vejez digna.

En segundo lugar propone convocar a los mejores al Estado para terminar con el cuoteo, la incompetencia y la corrupción. Atraer a los mejores al Estado no es fácil cuando se ha hecho todo lo posible por desprestigiar la actividad pública. Tampoco lo es cuando los salarios son, en muchos casos, (en particular entre los profesionales)  inferiores a los que se obtienen en la actividad privada. Respecto al “cuoteo” es muy importante superar visiones simplistas. No es fácil, y es probablemente el principal problema, lograr un equilibrio entre la calidad profesional y la necesaria coherencia entre quienes dirigen la gestión gubernamental. La generación de confianzas entre los altos cargos es clave para un buen gobierno. Ello es muy claro en el sector privado. Sino cómo se explica que los hijos de los dueños ocupan las posiciones importantes dentro de los grupos económicos y empresas en general y como, cuando sale el principal ejecutivo de una empresa sale también su equipo directivo. La corrupción es un flagelo que es fundamental liquidar. Habría sido necesario que el candidato hubiese dicho algo respecto de una alcaldesa en funciones que cree haber resuelto su falta al devolver los recursos utilizados y que son cuestionados por la Contraloría. De lo contrario, los amigos de lo ajeno podrán, en caso de ser sorprendidos, liberarse de toda culpa devolviendo el botín.

En este contexto, el candidato, propone “ampliar y fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública”. En general, en el consorcio de modernización del Estado, todos coinciden en esta materia. El ministro Perez Yoma ha señalado, también, su disposición a avanzar en este campo. Sin embargo, es indispensable evaluar cómo ha marchado la implementación de este sistema. Tres temas preocupan, el primero, el problema de las bajas remuneraciones que lleva a que muchos desistan de participar en los concurso, el segundo referido a que el sistema no parece distinguir con claridad las particularidades de la gestión pública respecto de la gestión privada y tercero, los nuevos mecanismos están planteando problemas a la coordinación entre los distintos organismos públicos, que es necesario resolver.

Luego vienen una serie de propuestas, en las que se viene trabajando hace mucho, “modernizar y potenciar la Contraloría” (el candidato no entra a opinar en el “cómo” que es el gran problema fondo y que requiere replantear la relación entre el control ex ante y el ex post, de manera que el perfeccionamiento del control vaya paralelo a una mayor agilidad de los trámites); la incorporación de las TICs (en lo que se ha avanzado mucho y en que tenemos entidades de clase mundial como es Impuestos Internos); la creación de la Agencia de Evaluación de políticas públicas (en que el problema es definir si se debe tratar de un mecanismo que potencie la coordinación interna del gobierno o si debe ser un sistema de evaluación ex post aproximándose a la “Government Accountability Office” que depende del Congreso de los Estados Unidos) y la inclusión de las empresas públicas en el SEP. No hay, en consecuencia,  mucha novedad para un artículo con título tan ambicioso. Lo mismo ocurre con las ideas de capacitar a los funcionarios públicos y de crear gobiernos metropolitanos.

Finaliza el candidato, llamando a “descentralizar la administración del Estado, transfiriendo funciones y recursos desde el gobierno central, hacia los gobiernos regionales y comunales”. Una generalidad de este tipo resulta lamentable. La discusión actual es más precisa. Descentralizar implica hoy optar por la elección de los jefes de los gobiernos regionales y por una estructuración administrativa del país que ayude a desarrollar regiones con identidades propias, cuestión clave para transformarlas en actores del desarrollo nacional. En relación con las comunas, es probable que de lo que se trata hoy es revertir algunas decisiones. La educación pública no puede estar en manos de municipios que carecen de los recursos necesarios. Para Las Condes está bien mantener lo que se tiene. Pero para las comunas pequeñas y pobres, estarían seguro mejor servidas, con una agencia regional de la educación.
Publicado en blog de diario El Mercurio el día 8 de marzo de 2009
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