Falacias en torno al debate tributario

Publicado : 25 Abril, 2014 en Columnas Chile 21, Eugenio Rivera

|por Eugenio Rivera|

LA REFORMA tributaria en marcha es la más importante desde 1984 y constituye un cambio paradigmático, pues se busca que los más ricos, como proporción de sus ingresos, paguen más impuestos que los pobres y la clase media. Ello es un imperativo para lograr justicia tributaria en nuestro país y estrechar las diferencias de desigualdad. 

Sólo cerca del 5% de los chilenos económicamente activos verán aumentada su carga tributaria, a niveles muy inferiores de aquellos a que están sujetos las personas de ingresos similares en los países desarrollados. No se baja la carga de los más pobres, que seguirán pagando cerca de un 25% de sus ingresos, como efecto del alto peso del IVA y de otros impuestos indirectos que caen desproporcionalmente sobre estos sectores; pero al aumentar la carga de los más ricos, mejorará la distribución del ingreso. 

El alcance de la reforma ha generado un amplio debate, que incluso trascenderá a su aprobación. La amplia discusión le hace bien a la democracia, pero es importante mantener la ecuanimidad para no incurrir en ideologismos que impidan profundizar en sus temas complejos. 

Las empresas chilenas no pagan impuestos, sino que realizan un adelanto a la tributación de las personas.  Por ello, no contribuye a la discusión la cantinela de que sí lo hacen, e incluso los extremistas llegan a afirmar, contra toda evidencia, que Chile es el país del mundo en que éstas más tributan. En la gran mayoría de los países civilizados, las empresas tributan separadamente de las personas, por una razón clara: constituyen personas jurídicas distintas y hacen uso de los bienes públicos que se financian con los impuestos de manera separada de sus propietarios. En torno a ello, abundan en la discusión chilena argumentos falaces y engañosos. 

El más reciente afirma que las utilidades devengadas no son renta, pues nunca llegan a distribuirse, y aduce que el proyecto tributario las convierte en ingresos artificiosamente atribuidos -o renta atribuida, como la designa Jorge Awad- a los accionistas propietarios de las empresas. En sentido contrario, cabe resaltar que el derecho a las utilidades de una empresa no nace en la junta de accionistas, como afirma Awad, sino que deriva de la propiedad de acciones. La junta de accionistas lo que hace es precisar y sancionar el monto de utilidades del ejercicio. 

La aplicación del impuesto a las utilidades retiradas por parte de las personas es un mecanismo presente en la ley actual, que busca retrasar el pago de tributos -y que en los hechos, mediante diversos artilugios elusivos, nunca se terminan pagando-, pero en ningún caso deja de tratarlas como utilidades, que por tanto, podrían estar exentas del pago de impuestos. En tal sentido, la reforma en discusión no les atribuye calidad de  renta, simplemente exige que el pago de tributos se haga sobre la utilidad devengada y no sólo sobre la retirada. 

Sin remilgos,  Awad pretende, además, que el Tribunal Constitucional sancione constitucionalmente el mecanismo de elusión tributaria que encarna el FUT. Que los bancos o las empresas no  distribuyan parte de las utilidades, no implica que no tengan acceso a ellas y que no contribuyan al bolsillo de sus accionistas al incrementar el valor de la propiedad accionaria.