Debate constitucional inminente

Publicado : 14 Abril, 2014 en Columnas Chile 21, Gloria de la Fuente

|por Gloria de la Fuente|


La actual administración ha logrado instalar con éxito su agenda de reformas estructurales, al punto que luego del envío del proyecto de cambio tributario al Congreso, todos los actores se han volcado a debatir sus principales aspectos, defendiendo o criticando -con mayor o menor vehemencia y honestidad- los proyectos alternativos de sociedad, que más allá del detalle técnico, plantean que la torta se reparta de manera más equitativa entre todos los miembros de la comunidad o que a cada uno le toque de acuerdo a la cantidad de ingredientes que aportó para su preparación.

Esta dimensión de “proyecto” contenida en este debate y que comienza a abrirse también frente al segundo pilar del programa (la reforma educacional), acelera los plazos para la tercera y más relevante reforma estructural anunciada por el gobierno: el cambio a la Constitución.  Por cierto,  no se trata sólo de un texto, sino que de los principios fundamentales de la institucionalidad, de la política, de la economía y de la sociedad, que son la cuestión central de cualquier carta fundamental. Si bien la Presidenta de la República ha anunciado que definiciones en esta materia se abordarán sólo a partir del segundo semestre, lo cierto es que es inminente que la presión comience a ser cada vez mayor, para que se clarifiquen algunos mecanismos a partir de la declaración del programa sobre la realización de un proceso “democrático, institucional y participativo”.

En efecto, en los últimos días, distintos actores políticos, e incluso gubernamentales, han planteado su propio punto de vista, mientras que la oposición se ampara en la reforma constitucional del 2005 y el cambio de firma de la carta fundamental protagonizado por el Presidente Lagos para sostener la legitimidad de la actual Carta Fundamental y manifestarse a favor de impulsar sólo nuevas reformas, manteniendo con ello el statu quo en materia institucional. Este argumento relega un tercer actor del todo relevante, como es la ciudadanía, que al menos a partir de los datos de la encuesta CERC de enero de este año, se manifiesta en un 71% a favor de impulsar una nueva Carta Fundamental (cabe considerar que en sectores cuya intención de voto es de la Alianza, esta cifra alcanzaba en esta medición el 54%). Es claro que un debate de esta naturaleza no puede hacerse de espaldas a la ciudadanía y, en esto, el supuesto es que tanto el oficialismo como la oposición tendrán la misma opinión.

Considerando la relevancia que tiene un cambio a la Constitución, no habrá nada más “democrático, institucional y participativo” que impulsar una consulta ciudadana vía un plebiscito, que de hecho está contenido como disposición del artículo quinto de la Constitución política vigente, “La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas…”, por lo que faltaría sólo una reforma constitucional para darle viabilidad y hacer que sea la propia ciudadanía la que se pronuncie legítimamente sobre el cambio a la Constitución y el mecanismo para llevarla adelante. Si realmente existe voluntad de todos los sectores políticos de respetar el mecanismo institucional y poner al centro del debate a los ciudadanos, entonces quienes tienen cargos de representación, independiente de su color político, debieran ser partidarios de impulsar una consulta de estas características. Porque si de algo debiera tratarse la política, es de poner el poder al servicio del bien común y de confrontar en la arena pública las visiones respecto a la sociedad que se aspira. Negarse al debate o acusar al adversario de falta de diálogo, oculta en realidad la incapacidad de poner con valentía las propias ideas sobre la mesa.