Nueva Constitución: ¿Una hada madrina para las chilenas?

Publicado : 20 Enero, 2014 en Igualdad de género, María de los Angeles Fernández

|por María de los Angeles Fernández|»


¿Formará parte del llamado “nuevo ciclo”, además de la alternancia, de la posibilidad de avance hacia transformaciones estructurales, de una sociedad más impaciente y empoderada o del histórico regreso del PC al gobierno, una mutación en las adscripciones ideológicas? Hasta no hace mucho, sabíamos de qué se hablaba cuando alguien se identificaba en el eje izquierda-derecha. Sin embargo, que los votantes de centro derecha apoyen abrumadoramente una reforma tributaria (81%) y una nueva Constitución (61%), según un reciente sondeo realizado por el Centro de Encuestas de La Tercera, no deja de resultar sorprendente aunque ya lo anticipara la encuesta CEP de octubre de 2013. En ella, ya un 66% de ese sector estaba de acuerdo con una reforma tributaria, un 55% apoyaba priorizar la educación gratuita universitaria y un 44% respaldaba la asamblea constituyente.

Se señala que es un síntoma más de la crisis de identidad que experimenta la derecha, en el sentido de la brecha entre las identificaciones de líderes y sus bases pero también del éxito de instalación de contenidos tradicionalmente asociados a una agenda de izquierda. Por otro lado, habría que preguntarse hasta qué punto dichas inclinaciones tienen que ver con los problemas de autoidentificación que tienen los chilenos en la escala izquierda-derecha. Según Latinobarómetro 2013, nuestro país es el que tiene más ciudadanos que no se clasifican en dicha escala, con 38%, seguido por Brasil. En contraste, Venezuela aparece como el más ideologizado de la región, con solamente un 6% que no se clasifica- Algunos dirán que la dificultad estriba en que la escala se ha visto superada por la llamada “muerte de las ideologías” de Aron y Bell mientras otros, no sin razón, podrían argumentan que la política de los consensos, en una sociedaddonde la educación cívica desapareció de la educación formal, ha puesto su parte en ello.

Si esa pregunta se descompusiera por sexo, los datos disponibles arrojarían otros resultados. La Encuesta Humanas que recoge únicamente las percepciones de las mujeres chilenas sobre política, trabajo remunerado, discriminación, corresponsabilidad familiar, libertad sexual y maternidad voluntaria, entre otros temas, señala en el año 2013  que, entre las medidas más urgentes que debería tomar el próximo gobierno, educación gratuita y de calidad para todos concita el apoyo de 53% pero, en con relación a una nueva Constitución,  éste desciende a 15%. Tan discreto respaldo femenino a uno de los ejes emblemáticos de la candidatura de la Nueva Mayoría, que resultó triunfadora puede deberse, entre otras conjeturas, a la distinta forma en que la pregunta se formula, dependiendo de la encuesta. El debate acerca de la necesidad de una nueva Constitución para Chile, en muchos casos, ha tendido a realizarse en clave del procedimiento para lograrlo.

Sin embargo, si hay un sector de la población para quien el llamado “nuevo ciclo” puede ser, en realidad, no tanto uno nuevo sino una prolongación el anterior, es el conformado por las mujeres. Esta sospecha no debe ser tomada a la ligera por cuanto constituimos la mayoría,  8.513.327, frente a 8.059.148 hombres. En una sólida evaluación de las políticas de igualdad de género de la transición, Pamela Díaz-Romero señala, en el libro “La democracia frente al poder. Chile 1990-2010”, que el primer gobierno de Michelle Bachelet supuso el fin de veinte años de gobiernos concertacionistas que, “si bien permitieron la creación de una sólida plataforma para avanzar en el empoderamiento efectivo de las mujeres, no tuvo como objetivo político de sus programas la emancipación femenina”. Dicho gobierno, según la autora, generó el contexto más favorable para dichas políticas pero no hubo concreciones importantes, al menos, en áreas que siguen constituyendo una deuda: derechos sexuales y reproductivos y participación política femenina.

Pero que un segundo mandato de Michelle Bachelet se abra como una nueva epifanía para la igualdad de género no significa que ello vaya a ser así necesariamente, lo cual contraviene los sentidos comunes acerca del poder presidencial en manos de una ex mandataria que aparece, a nivel internacional, como la que más compromiso ha mostrado con las demandas femeninas. Los factores de contexto que bogan en contra son poderosos.  A la situación de acumulación de expectativas en mandatos de cuatro años y con una desaceleración económica ad portas, hay que sumar que Chile ha experimentado un derrumbe en igualdad de género, ocupando el lugar 91 de 136 economías según el ranking del Foro Económico Mundial. El nuevo gobierno deberá lidiar, no solamente con amarres presupuestarios y de personal que le deja la actual administración y que se denuncia por estos días, sino con un Sernam que, si bien fue reconocido en la región como una eficiente maquinaria estatal de género, hoy luce totalmente desperfilado.  Por otro lado, aunque el programa de equidad de género de la Nueva Mayoría es contundente en promesas, nada garantiza que el comportamiento de la debutante coalición vaya a dar un giro copernicano en la materia. En esa línea, el Informe de Desarrollo Humano del año 2010 ya constataba que “a diferencia de otros temas de discusión legislativa, en la agenda pro género los actores presentan posiciones ideológicas e intereses distintos en cada caso, y no hay una posición cohesionada dentro de cada bloque o partido”. Como consecuencia de ello, añadía, “surgen conflictos en y entre los grupos políticos y coaliciones o al interior del poder ejecutivo, entre grupos que apoyan posiciones distintas”.

Si tal situación se reedita, demandas largamente postergadas como una ley de cuotas o de aborto terapéutico podrán verse fácilmente atrapadas en lógicas más propias del ciclo que muere que del que estaría naciendo.  El avance hacia una nueva Constitución, en este marco, no debe ser visto para las mujeres como un eje más.  Supone la posibilidad de dar un vuelco en su situación aunque ya se asoman voces a las que les gustaría una reforma constitucional de “macetero”. De acuerdo a ello, bastaría con eliminar los llamados “cerrojos constitucionales” (entendiendo por tales el control preventivo del TC y la legislación supermayoritaria, así como el sistema binominal). Urge superar el registro constitucional existente, que privilegia la libertad económica y el derecho de propiedad, para debatir el rol subsidiario del Estado. La libre empresa no se ha movido, en más de treinta años, de lógicas productivas claramente hostiles a las lógicas de la reproducción, de la crianza y del cuidado, salvo por el minoritario grupo que ingresa al ranking mercurial  de las mejores empresas para madres y padres que trabajan”.

Por otro lado, para las chilenas, el proceso debe ser tan importante como el contenido al que pudiera llegarse. El programa de gobierno de la Nueva Mayoría señala que el procedimiento será “democrático, institucional y participativo”. Si bien dicha redacción evita el pronunciamiento por una fórmula concreta y menos por una asamblea constituyente, parece claro que lo que se proponga tendrá que ser lo suficientemente participativo e incluyente como para subsanar el déficit de participación política femenina en el Congreso. Es difícil pensar que las voces e intereses heterogéneos de las chilenas serán interpretados por apenas 15% de participación parlamentaria femenina.

Hasta el momento, la discusión discurre por los pasillos de élite académica y partidaria, en grupos conformados exclusivamente por hombres lo que, de seguir su curso, no resulta en absoluto auspicioso para las mujeres. Desde esta perspectiva, es clave involucrar a las mujeres que se encuentran en la academia jurídica y politológica. La experiencia comparada ha demostrado que, cuando se han abierto posibilidades de reforma constitucional, las mujeres han logrado importantes avances. En este marco, cuando más pronto nos involucremos en el proceso, más podrá incrementarse nuestra habilidad para influenciar políticamente los discursos y los procesos.

El potencial transformador para la agenda de derechos de las mujeres contenido en la promesa de una nueva Constitución es enorme. Permitiría, si así se lo propone el feminismo, romper la fragmentación existente en ese ámbito e intentar recuperar el papel central que jugó en la lucha por la recuperación de la democracia. Reconozcamos que no es un asunto fácil por cuanto el espejismo de igualdad que se desprende de individualidades femeninas que encabezan importantes instituciones pudiera surtir un efecto disuasivo importante. Permitiría, en segundo lugar, identificar las graves diferencias que hay entre los derechos ciudadanos básicos de las mujeres y de los hombres, junto con atender al problema  de sesgo de género en el derecho.Enseguida, permitiría introducir preguntas y demandas acerca de la aparente independencia y neutralidad de los llamados poderes autónomos, lugares por donde transita una parte importante del poder real del Chile actual, así como de los mecanismos públicos de rendición de cuentas. Y, last but not least, permitiría cambiar los términos de la conversación. Hablar de una nueva Constitución no se trata solamente de reglas políticas o de instituciones, de suyo importante, sino de debatir acerca de ideales como igualdad, diversidad, derechos, representación e identidad los que, además, puede contribuir a remecer un marasmo electoral que hoy recorre Chile y que no sabemos bien lo que esconde.