DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGENDA INTERNACIONAL: UNA PLATAFORMA PARA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS EN EL CHILE DE LA NUEVA MAYORÍA

Publicado : 23 Diciembre, 2013 en Documentos de Trabajo, Portada, Prensa

|por:
|Marta Maurás
|Pablo Lazo
|Raimundo González
|Ricardo Bosnic


DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AGENDA INTERNACIONAL: UNA PLATAFORMA PARA EL ESTADO Y LAS EMPRESAS EN EL CHILE DE LA NUEVA MAYORÍA

La agenda de la relación entre el mundo empresarial y el desarrollo sostenible ha evolucionado notablemente en los últimos años, tanto en el plano internacional como en el nacional, ya no sólo como un imperativo ético sino cada vez más como ¨un buen negocio¨. Hoy, para que una compañía se gane la confianza de los consumidores, de los inversionistas y de su propia fuerza de trabajo necesita prestar atención a sus fundamentos éticos y darles realidad en su identidad como empresa y en sus procesos productivos. Esto es cierto para la más grande de las transnacionales como para la más pequeña de las empresas familiares, aunque las posibilidades de acción para una y para otra serán muy diferentes y mucho dependerá del entorno político-institucional en que se realicen. Para los Estados, quienes tienen que establecer ese contexto, su imagen país así como sus posibilidades comerciales también están relacionadas con el comportamiento de sus empresas, en el país y en el exterior.

En un mundo globalizado, la política exterior de Chile debe enfrentar la creciente necesidad de abordar la agenda del Desarrollo Sostenible, lo que implica una ascendente preocupación acerca de la forma en que las empresas hacen negocios dentro y fuera del país. El Desarrollo Sostenible es un tema de interés de múltiples actores, incluyendo a la sociedad civil, las asociaciones empresariales, los sindicatos, las ONGs y evidentemente el Estado. Este último, tiene un papel preeminente en canalizar y liderar esa agenda, tanto en el ámbito nacional como en la política exterior, conforme a los compromisos internacionales ya asumidos.

Esta preocupación está en consonancia con el Programa de la Presidenta Bachelet.

El concepto de Desarrollo Sostenible elaborado por la Comisión Bruntland hace referencia a tres pilares equivalentes en su peso: el económico, el social y el ambiental, lo que significa que no puede haber “desarrollo” en un país sin que los tres pilares avancen, crezcan y se expandan de forma equilibrada e interrelacionada de acuerdo a indicadores preestablecidos. En un mundo globalizado como el de hoy esta dinámica se expresa también internacionalmente y en la relación entre los países. Para estos efectos, cada país debe elaborar políticas nacionales que favorezcan la inversión y el crecimiento económico al mismo tiempo que las inversiones y negocios que se generen sean sostenibles en el tiempo. Para ello, tales negocios precisan cumplir con compromisos cada vez más ineludibles respecto del respeto de los DDHH, el cumplimiento de las normas laborales y del medio ambiente, un comportamiento adecuado respecto de los consumidores, las normas de gobierno corporativo y el respeto de los derechos de comunidades, especialmente indígenas.

En Chile, así como en muchos países, hay un creciente cuestionamiento de la manera de hacer negocios que está afectando los emprendimientos y la falta de cumplimiento de cualquiera de estas normativas está siendo reclamada y crecientemente acogida en Tribunales. Esto se ha traducido en un proceso de judicialización de numerosos proyectos de la mayor importancia, al mismo tiempo que se abren nuevos canales para acoger la voz de los ciudadanos y otorgar mayor transparencia a procesos de diálogo y decisión propios de una sociedad democrática. El progresivo empoderamiento ciudadano que vemos en muchos ámbitos de la vida del país, exige de las empresas, incluidas las del Estado, un comportamiento adecuado a los estándares éticos y de sostenibilidad cada vez más aceptados.

Es de notar que Chile ha suscrito numerosos compromisos de orden internacional que lo obligan, en materia de DDHH a nivel de la ONU y con la Carta Americana, de derechos laborales a través de los convenios fundamentales de la OIT, de carácter medio ambiental, en la OCDE con las Líneas Directrices de las Empresas Multinacionales, o relativas a agendas específicas como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, la CDN relativa a los niños, o la CEDAW sobre la mujer. Del mismo modo, al desarrollar su abundante agenda comercial internacional, Chile ha suscrito exigentes compromisos de carácter laboral y ambiental en diversos tratados de libre comercio, cuya tendencia es a la expansión y a la profundización de tales cláusulas.

Además, el Gobierno electo ha prometido mayor transparencia y participación. Esto significa que el comportamiento empresarial deberá sujetarse a mayores requerimientos de supervigilancia y control, tanto de los órganos del Estado como de los agentes de la sociedad civil en ámbitos tales como el respeto a los derechos humanos, la normativa laboral y ambiental y los intereses específicos de pueblos indígenas o de consumidores, entre otros. Para ello serán necesarios nuevos o renovados mecanismos y medios que faciliten el díalogo y la decisión dentro de normas pre-establecidas.

La exigencia del cumplimiento de un comportamiento acorde a las normativas señaladas se está haciendo una norma de conducta de los mercados, que ha ido incorporando la denominada Responsabilidad Social Corporativa. Esta pasó de su carácter original filantrópico a una normativa con requisitos de exigencia progresivamente exigibles por la fuerza del propio mercado, y crecientemente activados con políticas de los Gobiernos. Muchos Estados comienzan a desarrollar agendas públicas para promover un mejor comportamiento empresarial (por ejemplo a través del mecanismo de compras públicas o de la protección al consumidor) y algunos han comenzado incluso a desarrollar planes estratégicos sobre Empresas y Derechos Humanos para acometer de manera más sistemática la compleja tarea de la sostenibilidad y en particular la necesidad de diálogo y trabajo conjunto entre empresas, Estados y sociedad civil que conviertan las directrices y guías internacionales, los códigos de conducta sectoriales y las buenas intenciones en marcos regulatorios efectivos.

En el debate internacional sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015 se está poniendo nuevo énfasis en los derechos humanos, la sostenibilidad y la Responsabilidad Social Empresarial apoyado por el acuerdo de la ONU sobre los Principios Rectores en materia de Empresas y Derechos Humanos y por directrices específicas, como el Comentario General No.16 del Comité sobre Derechos del Niño sobre La Responsabilidad de los Estados respecto del Impacto del Sector Empresarial en la Infancia.

En Chile ha habido diversas iniciativas en materia de Desarrollo Sostenible y RSE, desde la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en sus TLCs hasta la creación de un Consejo de la RSE, asesor del Ministro de Economía e integrado por representantes de diversas agencias de Gobierno así como de sectores empresariales, sindicales y de la sociedad civil. Esta incipiente iniciativa debiera ser profundizada en el próximo período para impregnar una agenda nacional que responda a las necesidades de un desarrollo potente, equilibrado y acorde con los compromisos internacionales de Chile. Es mediante la cooperación y diálogo entre diferentes actores sociales, económicos y políticos y dando impulso a la cooperación entre el Estado y el sector empresarial en su conjunto, sea éste pequeño, mediano o grande, esté o no inmerso en la economía global o desde la empresa familiar, que lograremos que el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente sean objetivos tan importante de la acción de las empresas como su rentabilidad.

En síntesis, proponemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerza un papel importante de liderazgo y coordinación en conjunto con los Ministerios encargados de los temas sectoriales (Economía, Trabajo, Medio Ambiente y Desarrollo Social) y en consulta con organizaciones empresariales y de la sociedad civil para avanzar hacia una plataforma de política de Desarrollo Sostenible, con alcance nacional e internacional. Ésta debe reflejarse en la política exterior y la política interna de Chile con temas que están en el interés de la ciudadanía y respecto de los cuales el Estado tiene un deber de cumplir y hacer cumplir para que confluyan las agendas de Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Laboral y Ambiental, en plena consonancia con el Programa de la Presidenta Bachelet.


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