La tumba del pinochetismo y los miedos de la Concertación

Publicado : 01 Octubre, 2013 en Portada, Prensa

|por Osvaldo Torres|»


El pasado mes de Septiembre no ha dejado de sorprender por la potencia que han adquirido las conmemoraciones de los 40 años del Golpe de Estado, la importancia de los derechos humanos en el debate ético político y las consecuencias futuras de esto.

El intelectual norteamericano Goldhagen afirma que si hay algo peor que la guerra es la matanza de los civiles en éstas y se produce porque se toma una decisión eliminacionista, que es consciente, realizada por personas concretas que están en su sano juicio. Construyen una representación del mal —que para el caso chileno fue el supuesto de que íbamos hacia la “tiranía marxista”— y justifican, de este modo, la eliminación del adversario, convertido en enemigo, mediante: a) una represión arbitraria y extensa que destruye la voluntad de oposición (40.000 presos políticos y torturados, según Informe Valech) ; b) una expulsión del territorio en disputa, mediante el exilio y las migraciones masivas (se estima en 1.000.000 de chilenos fuera del país en ese período); c) una política de exterminio ejemplarizadora (matanzas como la “Caravana de la muerte”, Chihuío, Lonquén, “los 119”, “cuartel Simón Bolívar”, “Corpus Cristi”, que llevan la lista de ejecutados y detenidos políticos a 3.178 personas). A lo anterior se agrega la presión por delatar, por romper los vínculos sociales e implicar a la mayor cantidad de población en la política eliminacionista (la gente aún recuerda las listas negras elaboradas por civiles para detener o despedir personas de izquierda). La pregunta es ¿por qué no todos los golpes de Estado siguieron inicialmente ésta política, como lo comprueban las experiencias de Brasil, Uruguay o Bolivia por ejemplo?

¿Cuáles eran los límites reales para el pleno respeto de los derechos humanos y en otros campos —como los constitucionales—, si nunca en los 22 años de gobierno se convocó a la ciudadanía a movilizarse por terminar con una institucionalidad autoritaria, de origen espurio? ¿Qué límites se podían hacer avanzar, si la elite concertacionista se aplicó en salvar a Pinochet del juicio de la justicia internacional, cuando reconocían que en Chile era inviable realizarlo?

En Chile hubo un grupo de personas que utilizando sus instituciones, tomó la decisión de eliminar de la escena política y social a una parte de la sociedad chilena, con el objetivo de cumplir sus propósitos; reclutaron al personal idóneo para esa tarea. Ellos, civiles y militares, tienen responsabilidades políticas, penales y morales.

Para el caso chileno, hubo un partido “transversal” compuesto por las directivas del Partido Nacional y la Democracia Cristiana, agrupados en la CODE, los dirigentes gremiales de la CPC, lideradas por la Sofofa, la elite de los gremios de camioneros y pequeños comerciantes, como de los colegios profesionales de médicos e ingenieros entre otros, que promovió y respaldó el Golpe de Estado. Esta decisión de respaldar el Golpe no puede ser separada —como han pretendido algunos historiadores— de los efectos que produjo (la dictadura), pues si bien conceptualmente no es lo mismo, hay una continuidad indesmentible y comprobable entre las dos etapas y los protagonistas de éstas. Por ello estos sectores tienen responsabilidades políticas y morales que están pendientes.

El argumento de que se puede apoyar un golpe de Estado pero no la dictadura es absurdo. Lo que emerge de un golpe de Estado no es democrático. Además, si se considera que la situación era tan grave como para apoyar una acción militar de las instituciones armadas de la república, no se podría explicar que éstas no actuaran con la violencia acorde a la situación por ellos diagnosticada y menos suponer que si había una crisis institucional de esa magnitud, las FF.AA devolverían el poder a los políticos que la habían provocado. Es más, la minoría DC que se opuso al golpe demuestra que la directiva no sólo estaba equivocada, si no que no era coherente con la democracia que decía defender, pues a la fecha de la carta de Frei a M. Rumor, eran evidentes las ejecuciones sumarias, los muertos en el Mapocho, la Caravana de la Muerte, el cierre de los sindicatos y la CUT, la proscripción de los partidos políticos, la clausura del Congreso, el fin de los medios de comunicación de izquierda, etc.

Señalo lo anterior pues este mes de septiembre ha mostrado la potencia que ha tenido la memoria colectiva para cuestionar las versiones hegemónicas de derecha y de un sector del progresismo, que asumió no sólo que el golpe había sido inevitable, sino también que la justicia en las violaciones a los derechos humanos había que aplicarla “en la medida de lo posible”.

Ahora el presidente Piñera, a 40 años del Golpe, cuestiona el papel del poder judicial y los medios de comunicación en ese período, e introduce su concepto de “cómplice pasivos”. Y más, ha cerrado el penal “Cordillera”. El derechista Piñera ha terminado por decirle a su sector que el Pinochetismo está agotado como rendimiento electoral. Los héroes de la “salvación de la patria”, de la lucha contra “el marxismo internacional”, del ejemplo de “sacrificio desinteresado”, asesinos de chilenos y chilenas desarmadas, torturadores de cuerpos indefensos, han sido desechados. Este no es un mero hecho político, tendrá consecuencias en ese plano, pero también deja abierto el cuestionamiento ético de una política que había aceptado este orden de cosas.

Se ha dicho que ahora hay condiciones políticas que antes no existieron, puede ser; pero no se puede afirmar que se luchó denodadamente desde los gobiernos concertacionistas por terminar con los privilegios de los que gozaban esos asesinos. Este es el problema: ¿cuáles eran los límites reales para el pleno respeto de los derechos humanos y en otros campos —como los constitucionales—, si nunca en los 22 años de gobierno se convocó a la ciudadanía a movilizarse por terminar con una institucionalidad autoritaria, de origen espurio? ¿Qué límites se podían hacer avanzar, si la elite concertacionista se aplicó en salvar a Pinochet del juicio de la justicia internacional, cuando reconocían que en Chile era inviable realizarlo?

La muerte del Pinochetismo está cerca, ahora que un sector de la derecha parece haber emprendido el camino de la renovación en medio de la principal crisis de la UDI y RN. La oportunidad de conquistar una nueva Constitución —no las meras reformas— será la tumba del pinochetismo y el momento de la prueba de coherencia democratizadora de las fuerzas sociales y políticas.