La cara visible de un problema de fondo

Publicado : 30 Septiembre, 2013 en Portada, Prensa

|por Gloria de la Fuente »|


Una buena noticia para los trabajadores, ciudadanos y el Gobierno ha sido la firma del protocolo de acuerdo que puso fin al conflicto en el Registro Civil. No obstante, vale la pena extraer lecciones de esto y comprender que hay un problema de fondo.

Lo primero, es que llama la atención la rapidez con que logró escalar el conflicto, porque en menos de un mes dejaron de ser interlocutores válidos tanto el director del servicio como la propia ministra de la cartera, siendo finalmente resuelto a partir de la mediación de un senador, las gestiones del subsecretario y, sobretodo, a partir de una decisión de la Dirección de Presupuestos.

Ello puede dar cuenta de dos cosas. Por un lado, de la escasa capacidad de gestión política de la ministra, cuestión que muestra que la excelencia técnica no es el único atributo que debe tener un secretario de Estado, y segundo, que los ministros no cuentan con suficientes herramientas para hacer frente a conflictos, lo que explicaría que la solución se haya gestado finalmente en el edificio de Teatinos y no en el de Morandé.

El segundo punto tiene que ver con un problema de fondo. Se trata del tipo de empleo que ofrece el Estado y la situación de sus trabajadores. La administración pública establece tres tipos de vínculo laboral: plantas, contratas y honorarios. Las plantas son cargos permanentes de una institución; los contrata son empleos a plazo fijo; y los honorarios, que la ley no considera parte de la dotación, son personas contratadas para un trabajo específico y tiempo determinado. Todo esto está determinado por el Estatuto Administrativo, que establece, además, que los funcionarios en la modalidad de contrata no pueden exceder el 20% de la planta, aunque esta norma permite una excepción a través de la Ley de Presupuestos que, en efecto, ha hecho posible aumentar considerablemente dicho personal.

Si se mira la realidad del Registro Civil, veremos que el personal de contrata para 2012 (2.762 funcionarios) supera por mucho el personal de planta (171). Si un funcionario a contrata es despedido o no se renueva su contrato, se va del Estado sin indemnización. Del mismo modo, si bien no parece ser la realidad de este servicio en particular, es posible ver en otras instituciones que muchos funcionarios que cumplen tareas permanentes tienen un contrato a honorarios, lo que no les da derecho a seguridad social.

El Estado es un empleador que debe revisar sus políticas, sobre todo si se considera que la protección de los derechos laborales está hoy bastante más extendida, pese a todas sus precariedades, en el Código del Trabajo. Todo lo anterior, sin entrar en otro punto de conflicto que tiene que ver con la brecha salarial: haga usted mismo el ejercicio de entrar al portal de cualquier servicio y compare el sueldo de un directivo con el de un auxiliar, se sorprenderá.

No quiero cerrar esta columna señalando que toda esta situación es responsabilidad del actual gobierno, porque en realidad es una cuestión de largo arrastre. Pero sí quiero insistir en que aquí hay una oportunidad, porque si hablamos de justicia social, lo evidente es que en el próximo gobierno ésta empiece a implementarse por casa, sólo así se podrá redignificar el empleo público, vital en el desarrollo del país.