La Haya, ¿problema de derecho o de consenso?

Publicado : 31 Julio, 2013 en Portada, Prensa

|por Gabriel Gaspar


CUANDO LA diplomacia peruana presentó la demanda en contra nuestra, desconociendo los acuerdos vigentes desde 1952, Chile, fiel a su tradición jurídica, replicó con una sólida defensa, pero no se quedó sólo con el argumento legal; complementó su defensa haciendo ver y sentir que tal demanda era una actitud inamistosa. Aclaremos. Nosotros no fuimos juntos con el Perú a La Haya, fuimos demandados. Respetando nuestro compromiso con el Pacto de Bogotá, hicimos valer nuestros derechos.

 Desde entonces a la fecha mucha agua ha corrido bajo el puente, y de una manera que aún debe explicarse, nuestra diplomacia cambió. Si bien mantuvo la defensa jurídica, modificó la política y adoptó la llamada tesis de “las cuerdas paralelas” que Lima nos propuso desde un inicio. Aquí no habría pasado nada, viviríamos el mejor momento de la relación bilateral y esto no sería más que un lejano tema jurídico que habría que encapsularlo, porque vendría un futuro esplendor de inversiones y comercio. Esta política, diseñada por la Cancillería peruana para amortiguar el reto que nos lanzó, fue inexplicablemente acogida por nuestras autoridades en los últimos tiempos. 

Este cambio envió señales políticas muy confusas a quien quisiera leerlas. ¿A Chile no le importa que se desconozcan sus tratados limítrofes? ¿Importa más para el interés nacional las inversiones en el exterior que el territorio? ¿Dónde quedó la intangibilidad de los tratados como piedra angular de nuestra doctrina en materia de límites? Un ejemplo de lo anterior es la posterior demanda boliviana. Dicho país argumenta que  la presentación de su demanda no es un acto inamistoso, que Chile no se molesta con ello y ponen como prueba la cordial relación existente hoy entre ambos gobiernos, como si no hubiera pasado nada.

Para complementar la confusión, hemos conocido la interpretación de que la demora en el fallo se debería “a que el tribunal siempre busca generar amplios consensos en torno a sus fallos”. Queda la duda de si se busca el consenso dentro del tribunal, o si el tribunal buscaría no perjudicar a ninguna de las partes, o sea, buscaría un fallo salomónico.

Chile concurrió ante la corte representando sus derechos, validados en documentos vinculantes que se respetan desde hace décadas. No acudimos a la corte para que “busque un consenso”. Lo que los chilenos esperamos de nuestras autoridades y de nuestra diplomacia es que defiendan el interés nacional. Pese a lo que se sostiene, lamentablemente en este tema no hemos seguido una política de Estado en los últimos tiempos y, en cambio, hemos enviado señales confusas en todas direcciones. 

La solidez de nuestra argumentación jurídica debió y debería ser acompañada de medidas políticas y diplomáticas inequívocas, asertivas, con la serena firmeza de un Estado que se ciñe al derecho internacional en sus relaciones exteriores. 

 Se acerca septiembre, mes que estará marcado por múltiples simbolismos de nuestra historia. Probablemente, sea el momento en que conozcamos el fallo de la corte. También debe ser el momento en que los chilenos nos unamos en torno a lo que más queremos: nuestra población, nuestro territorio y nuestra voluntad de decidir por nosotros mismos nuestro destino como nación, es decir, nuestra soberanía.