El CEP y la calidad de la democracia

Publicado : 22 Mayo, 2013 en Portada, Prensa

por María de los Angeles Fernández |


Más revuelo que la salida de un ministro. Eso es lo que ha generado la petición de renuncia que el directorio del CEP le hizo a su director, Arturo Fontaine, si juzgamos por la cobertura mediática. Los motivos no van tanto por el lado de la forma, aparentemente poco considerada para una persona que ha detentado el cargo por treinta años. El propio afectado la consideró “intempestiva”. Más allá de las razones y de sus implicancias para los rumbos que dicha institución tomará, el suceso ha servido para recordar sus orígenes y una vocación que, aunque legítima, encuentra contradicciones en un Chile en el que, por otro lado, resulta más difícil su intento de disimulo.
 
El CEP nació para defender el modelo neoliberal y lo ha venido haciendo por muchos años, en el marco de lo que Cortés Terzi denominó “el circuito extrainstitucional del poder”. Con ello, aludió al amplio campo de decisiones políticas relevantes que en Chile quedan fuera de las instituciones representativas y democráticas. Claro que dicho centro lo hizo adoptando el ropaje de la evidencia, del que su famosa encuesta fue la piedra angular, y en un estilo de apertura y de diálogo al que era funcional la llamada “democracia de los acuerdos”, de corte cupular, que hoy es vista con sospecha y resistida por la ciudadanía. Sin embargo, permanece como el lugar al que los encargados de los comandos presidenciales, cuando no los candidatos mismos, van a rendir examen de su programa de gobierno ante lo más granado del empresariado. Así se corrobora con la reciente visita de Alberto Arenas, jefe programático del comando de Bachelet.
 
Fontaine, descifrando el signo de los tiempos, intentó extender su vocación declarada de diálogo más allá de lo que dictan los contornos cupulares. Lo alcanzó a hacer con los líderes estudiantiles y se lamentó de no haber tenido más apertura hacia el mundo sindical. El directorio le pasó la cuenta e, interpretando en clave defensiva el cambio de ciclo de la política chilena, pareciera optar por un aparente repliegue y apertrechamiento ante lo que, citando al analista Héctor Soto, percibe como “amenazas a la continuidad del modelo”.
 
Lo sucedido en el CEP debiera brindar la oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza y el rol de los centros de estudio, más allá del caso particular que remite a otra dimensión: la relación entre política y empresarios. Casualmente, la salida de Fontaine viene a coincidir con otro que resucita el candente tema de los gastos de campaña y los aportes empresariales, a raíz del caso Isasi. Visto desde afuera, nuestro país presenta una nutrida y reconocida red de instancias que buscan, a primera vista, el establecimiento de vínculos entre conocimiento y política. El fenómeno no es nuevo.
 
Ya durante el régimen militar, con la aspiración de contribuir intelectualmente, pero también desde el punto de vista de la acción, a la recuperación de la política democrática, una amplia plataforma de centros de distinto tipo desarrollaron una vigorosa actividad muy bien recogida en el libro Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988, de Jeffrey M. Puryear. Muchos de sus personeros pasaron a engrosar las filas de administraciones concertacionistas. Sin embargo, una vez en el poder, olvidaron sus orígenes y, salvo excepciones, poco hicieron por su mantenimiento y desarrollo. No es casual, entonces, que se señale como una de las causas de la derrota electoral del 2010 el déficit intelectual de la Concertación. Así lo plantea Varas al constatar el desencuentro entre partidos e intelectualidad, una de cuyas expresiones fue “la desconsideración y falta de apoyo gubernamental al desarrollo de unas ciencias sociales legítimamente autónomas y críticas”.
 
Otra, según el mismo autor, fue “la penetración de un sesgo economicista que encontró eco en las esferas de la tecnocracia gubernamental”. Con la reducción de la cooperación internacional, muchos desaparecieron y otros han logrado subsistir a punta de compromiso y creatividad en el marco de una variada tipología. Esto abarca desde entidades vinculadas directamente a partidos, pasando por otras con vocación política más amplia hasta las fundaciones personales de los ex Presidentes. Es el mundo de la centro-izquierda donde más han proliferado, al punto de que hoy se observa una suerte de balcanización. Son al menos diecisiete las que aparecen involucradas en el trabajo programático de la oposición. A pesar de sus limitaciones, varios de estos centros han contribuido eficientemente al debate de políticas públicas, han generado amplias redes internacionales y han sido proveedores de cuadros políticos. Cuando le resta al actual gobierno pocos meses para terminar su mandato y la polémica sobre el cumplimiento de sus promesas y su posible legado afloran, hay algo de lo que no cabe mayor duda.
 
A pesar de haber impulsado iniciativas heredadas de la administración anterior como la inscripción automática y el voto voluntario, así como una ley de primarias, dejará un sistema político en peores condiciones de lo que encontró. Apenas puede reclamar como cosecha propia el cambio de fecha de la segunda vuelta presidencial. Recientemente, envió un proyecto de ley de partidos políticos que, aunque con la grandilocuencia que lo ha venido caracterizando, aspira a convertirlos en entidades más transparentes, participativas y cercanas, obvia aspectos medulares de los problemas que éstos atraviesan. Un ejemplo es la no consideración del financiamiento público para su funcionamiento y, por derivación, tampoco para los centros de estudio ligados a ellos.
 
Todo esto sucede en momentos en que varios de ellos vienen cumpliendo un rol silencioso, pero cada vez más urgente, en un ámbito crecientemente deficitario en Chile: la generación de espacios para el diálogo y el debate entre distintos sectores caracterizados por la desconfianza, la crispación y por una representación fragmentada.
 
Por lo anterior, un programa de gobierno que supere las miradas rutinarias, limitadas y tradicionales, debiera considerar su rol en el marco de una agenda comprensiva de calidad de la democracia puesto que ésta no se limita a las instituciones representativas. No debe perderse de vista, sin embargo, que los orígenes de su legitimidad son distintos. Mientras que los centros de pensamiento dependen de la credibilidad del conocimiento que generan o usan, la de los partidos depende de la opinión pública, expresada en votos. Pareciera que así lo estaba entendiendo Fontaine. Lástima que le costó el puesto.