El Ministerio Público acusa: las fallas en la protección social son responsables de las fallas del sistema penal adolescente

Publicado : 08 Mayo, 2013 en Portada, Prensa

por Marta Maurás |


La cuenta pública 2013 del Fiscal Nacional Sabas Chahuán destaca algo que rara vez se le escucha decir a las autoridades y representantes nacionales: que la manera de interrumpir el inicio de actividades delictivas por algunos jóvenes es extender medidas de protección social a los niños, niñas y adolescentes. Tratando de aplicar la actual ley de justicia juvenil que no contiene los instrumentos para frenar o detener el delito –porque es punitiva y no busca la recuperación social del adolescente-, no es la respuesta. Chaguán añade que ¨se precisan acciones poco invasivas para asegurar la reinserción de los menores infractores¨.
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Desde el punto de vista de la acción pública, esto requiere una visión integral de los niños según sus derechos y por ciclo de vida, reflejado en  un  marco jurídico e institucional en el cual se ordenen todas las políticas y programas, no solo el SENAME en el que parece concentrarse exclusivamente la atención pública.

Es preciso establecer un sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Infancia compuesto por: a) El conjunto de políticas universales (educación, salud, trabajo, seguridad social, protección al medio ambiente, etc.) dirigidas a proteger todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes; b) Un sistema de protección focalizada, que permita generar procesos y programas de alta calidad para la reparación y restitución de derechos a los niños y niñas cuyos derechos han sido vulnerados; y, c) La reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de tal manera de cumplir a cabalidad con las directivas internacionales respecto a la especialización requerida por el adolescente en conflicto con la ley en reconocimiento de su ser niño, con el objetivo único de su integración y recuperación social.

Sin embargo pareciera ser que el único objetivo que inspira al legislador es la  seguridad ciudadana, una aspiración legítima de todas las personas y de todos los gobiernos) y no la infancia y sus derechos. Parece ser solo ésta consideración la que guía el debate que se lleva a cabo en este momento en la Cámara de Diputados con indicación de suma urgencia por el ejecutivo, la separación del Servicio Nacional del Menor (SENAME) en dos reparticiones: la que tiene que ver con los niños en conflicto con la ley bajo el Ministerio de Justicia y el imperio de la Ley de RPA, y la repartición que se ocupa de la protección especial de niños con vulnerabilidades bajo el Ministerio de Desarrollo Social para lo cual no se cuenta con una ley marco. Tal separación es necesaria y es hoy una realidad administrativa aunque aún no jurídica.

Aunque se lograra una impecable división del SENAME, el desafío es muchísimo mayor. Lo que aspiramos como país para nuestros niños, niñas y adolescentes  es a) Aumentar los niveles de inclusión social de los niños y niñas, su acceso a servicios de calidad y la disminución de la brecha de desigualdad en las oportunidades de vida y desarrollo; b) Reducir las disparidades entre los niños chilenos causadas por motivos territoriales, económicos, de género, discapacidad, pertenencia a pueblos indígenas u otro, e c) Instaurar una cultura de aceptación de la diversidad, la no discriminación  y los derechos humanos de todas las personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes.

Con una institucionalidad apropiada y los recursos nacionales y locales adecuados podríamos avanzar en el buen camino iniciado por Chile Crece Contigo y extenderlo a todos los niños y niñas de nuestro país. Nuestro honorable Parlamento podría ser el seno de un debate nacional de altura si se ocupara más de lo fundamental, como sería la discusión de una Ley Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes inspirada en la Convención ratificada por Chile en 1990, y menos de lo accesorio.