Una nueva Constitución para el siglo XXI

Publicado : 04 Marzo, 2013 en Portada, Prensa

por Carlos Ominami |

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En materia constitucional, Chile representa una poco decorosa excepción: ninguna de las tres Cartas Fundamentales que han regido por períodos largos en nuestra historia republicana han sido el producto de una deliberación democrática de las grandes mayorías nacionales. Tanto las de 1833 y 1925 como la de 1980 fueron impuestas por la fuerza. Esto es particularmente válido en el caso de la actual Constitución, redactada por los cuatro legisladores que componían la Junta Militar, que se intentó legitimar en un plebiscito sin registros electorales y sin la más mínima garantía de información y, como se ha demostrado últimamente, a través de la comisión de reiterados fraudes, consistentes en que agentes de la policía votaron -según su propia confesión- varias veces.

La necesidad de contar con una Carta Fundamental de amplio consenso no es una exquisitez democrática. La verdad es que ninguno de los grandes problemas a los cuales el país está hoy enfrentado puede ser resuelto en el marco de la actual Constitución. Es el caso, por ejemplo, del privilegio de la educación pública o de la necesidad de establecer la multinacionalidad y multiculturalidad para enfrentar en serio el problema de los pueblos originarios, para nombrar sólo algunos.

Se estrellarán con la actual Constitución, medidas tan necesarias como la apertura de un espacio en el Congreso para los pueblos originarios, o la puesta en práctica de un mecanismo de discriminación positiva que favorezca la representación de las mujeres. A decir verdad, el autoritarismo, el centralismo y el neoliberalismo forman parte del ADN de la actual Constitución. Por eso es que, si queremos enfrentar estos males, necesitamos no de reformas parciales, sino que derechamente de una nueva Constitución.

La idea de una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente no es un invento reciente para enfrentar necesidades electorales. Por el contrario, el movimiento democrático en contra del Régimen Militar planteó esta reivindicación desde sus comienzos. Así, por ejemplo, la declaración de principios de la Alianza Democrática -antecesora de la Concertación- definió como su objetivo fundamental la generación de una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. Muy distinto es que en la trayectoria posterior esta idea haya ido siendo dejada de lado.

Intentamos -con buena voluntad y no sin cierta ingenuidad- modificar la Constitución por dentro, a través de un conjunto de reformas que pudieran producir un cambio cualitativo. Desgraciadamente, esa estrategia fracasó. En las cuestiones fundamentales la Constitución de 1980 permaneció inmodificada. Fue sin lugar a dudas, uno de los más grandes errores del Presidente Lagos el haber puesto su firma a una Carta Fundamental definitivamente irreformable.

Es cierto, en general los procesos constituyentes surgen de rupturas institucionales. Convengamos también que en los procesos constituyentes, y muy mayoritariamente, las asambleas constituyentes son los mecanismos a través de los cuales -democráticamente- la sociedad se dota de una nueva Carta Magna.

Las asambleas constituyentes, contrariamente a lo que algunos señalan, no son solamente propias de las repúblicas bolivarianas. Así por ejemplo, constituciones como la colombiana y la brasileña surgieron justamente de procesos constituyentes.

Dotar a Chile de una nueva Constitución no significa el fracaso de la democracia ni tampoco prescindir del Congreso y de los legisladores, ni menos actuar por la fuerza. Existe una salida institucional, y esta consiste en que sean los propios parlamentarios los que aprueben una reforma constitucional para hacer realidad lo formulado en el Artículo Quinto, que establece que la soberanía radica en la Nación, y que esta se ejerce a través de plebiscitos y elecciones. Esta es la manera civilizada de resolver la “falla geológica” de nuestra democracia y la vergüenza de la transición de no haber sido capaz de dotar al país de una Constitución distinta a la impuesta por el Régimen Militar. Se trata, ni más ni menos, de que sea la ciudadanía la que resuelva.

Si los partidarios de la actual Constitución consideran que esta tiene tantas virtudes y es la base del progreso del país, que lo defiendan frente a la ciudadanía. Si ganan, los que no compartimos esa visión, tendremos que aceptar que ha sido la mayoría del pueblo de Chile la que soberanamente resolvió esta disputa, y la actual Constitución se transformará en una Carta Fundamental, que a algunos no nos gustará, pero cuya legitimidad estará fuera de duda. A la inversa, si ganamos los que sostenemos el punto de vista contrario, tendrá que abrirse paso a un proceso constituyente, que en un lapso de, por ejemplo, un año, pueda elaborar una Constitución, la que tendrá que ser ratificada por el pueblo de Chile. Así funcionan las democracias.