La tragedia de Gabriela Marín o la India en Chile

Publicado : 28 Enero, 2013 en Igualdad de género, Portada, Prensa

por María de los Ángeles Fernández |

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 “No lo leas porque te va a hacer daño. Luego de violarla, la dejaron tirada con las mismas piedras que usaron para golpearla, pero dentro de su vagina”. Esa fue la advertencia que me hizo Isadora, mi hija, luego de leer en la revista Paula el reportaje sobre el caso de Gabriela Marín, parvularia de 23 años que se suicidó en septiembre del año pasado en San Fernando, a un mes de haber sido violada. La joven madre de dos niños pequeños debió experimentar en carne propia la suma de todas las negligencias que ustedes puedan imaginarse, tanto policiales como del sistema de salud.“

Le hice caso y no lo leí de inmediato. Sin embargo, a fines del año pasado, el mundo se vio sacudido por las revueltas populares en la India a raíz del brutal asesinato de una joven sometida a violación múltiple, rebelándose por fin ante una situación que parecía naturalizada. El horror que me produjo su lectura me llevó, inevitablemente, a leer la historia de Gabriela, impactándome como un desgarro. Lo leí el último día del año que recién terminó. Luego de enviarlo masivamente por Twitter y constatar que  no era la única en indignarme, me pregunté cuánto de lo que había vivido Gabriela no compartía señas de identidad con la India, lugar del que nos sentimos en apariencia tan lejanos en nuestro nuevo estatus de país OCDE. En ese país, al menos, habían salido a la calle a protestar, pero en Chile la noticia pasó desapercibida. Quisiera pensar que ello no es producto de una indiferencia enquistada socialmente sino de un cóctel coyuntural entre fiestas navideñas y calor estival. La violación ocurrida en Nueva Delhi ha sacado a la luz la situación de infamia que viven las mujeres en la India, corroborada por los resultados del ranking elaborado por 370 especialistas en políticas de género, dirigido por Trustlaw, una red pro bono de la Thomson Reuters Foundation donde se analizó la situación de los derechos de las mujeres en los 20 países que integran el G-20. Como era de esperar, aparece consignado como el peor lugar de los países de ese grupo para nacer mujer.
 
Pero ¿es lo que vivió Gabriela una situación aislada y particular o puede ser vista como crónica de un desenlace anunciado por la forma en que la violencia de género es abordada en nuestro país? En el excelente reportaje de Gabriela García (@mariposa22) se consigna la dificultad que encuentran casos de este tipo para ser resueltos, por lo que no sería una excepción. Se señala que “de las 10.722 denuncias por delitos sexuales que la Fiscalía Nacional registra en el primer trimestre de 2012, solo 7% han recibido sentencia condenatoria, mientras que 55,2% fue archivada provisionalmente por falta de pruebas”. La cifra revela la existencia de un porcentaje nada desdeñable de víctimas que difícilmente recibirán justicia. Se me dirá que la comparación con la India es antojadiza, señalando que el sistema patriarcal estaría más fuertemente enraizado producto de factores religiosos y culturales. Es cierto que hay datos reveladores de las diferencias: en dicho país  tienen lugar el 40% de los matrimonios infantiles en el mundo. Pero, cuando en Chile tiene lugar una violación cada 25 minutos y en la India, cada 20, algo nos vincula.
 
Si se quiere profundizar sobre delitos sexuales en Chile, una primera constatación es que la web arroja información desbalanceada, volcándose mayoritariamente en datos, estadísticas y estudios sobre la violencia intrafamiliar como una de las manifestaciones posibles de violencia de género. Por otro lado, también se accede a mayor información sobre abuso sexual infantil, producto de la mayor conciencia, y también indignación, ciudadana. Las denuncias se han incrementado. Solamente entre 2010 y 2011, en un 20%. Otra forma de buscar información es la consulta a los informes de la situación de los derechos humanos de las mujeres del año 2012 de forma de pesquisar si hay referencias más precisas a este tema. En el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, en el acápite sobre violencia contra las mujeres, el foco está colocado nuevamente en las mujeres víctimas de violencia de sus parejas, pero también en la violencia policial en el marco de manifestaciones y en la trata. En el informe anual emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos se señala que “la violencia sexual contra las niñas y las jóvenes es un hecho de ocurrencia cotidiana, en espacios familiares y privados, comunitarios e institucionales. Existe dificultad para establecer un diagnóstico sobre su magnitud por la ausencia de estudios sistemáticos y de un sistema de registro integrado a nivel público. La red institucional que atiende a víctimas de delitos violentos está integrada por los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVIS) que dependen de la Corporación de Asistencia Judicial, la Unidad de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Interior y los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVD), y los CAVAS de la Policía de Investigaciones, a los que se agregan los programas especializados con los que cuenta SENAME. Una evaluación de estos centros y unidades realizada por el Ministerio de Hacienda en 2008 da cuenta de la importancia de contar con estos servicios y, al mismo tiempo, identifica que la oferta pública en la materia es reducida, y no corresponde a una respuesta del Estado organizada y estructurada. La evaluación identifica como necesidades mayores recursos humanos y de infraestructura, trabajo intersectorial y en red, y desarrollo de sistemas de información sobre variables comunes, además del establecimiento de metas de atención y de gestión”.
 
Pero ¿es que, por todo lo anterior, Gabriela estaba condenada a que su caso no recibiera justicia como producto de la falta de recursos y de la ausencia de coordinación? Al consultar la Cuenta Pública 2012 del Ministerio Público, se destaca allí la resolución de casos de delitos sexuales que generaron conmoción pública. Nos referimos a “Cura de Melipilla”, “Europa”, “Boylover”, “Cecilia Julio” y “Psicópata de Placilla”. ¿Habría sido otra la suerte de Gabriela si, inmediatamente ocurrido el hecho, hubiera podido difundirse ampliamente de forma de concitar la solidaridad social? Es casi seguro que sí, pero ello, como todo en Chile, depende también de recursos que están desigualmente repartidos. En su caso, además, las pruebas no se recogieron en forma diligente por lo que pasó a formar parte del porcentaje que sigue su curso fatal de archivamiento provisional. Por toda sanción, el Ministerio Público resolvió trasladar de circunscripción a los fiscales involucrados. Con dicha medida, no solamente no se repara lo que no se hizo, sino que se castiga adicionalmente a las mujeres y niñas de dos localidades Santa Cruz y Rengo, con la recepción de dos funcionarios incompetentes que podrían repetir nuevamente su irresponsabilidad y negligencia. El Fiscal Nacional se quedó corto y debiera estudiar rápidamente otra forma de cobrarles su irresponsabilidad. De lo contrario, quedan abiertas muchas preguntas acerca de los controles establecidos para la labor del Ministerio Público. En cualquier otra área de ejercicio profesional, frente a un hecho de esta naturaleza, el despido es inmediato. Al no realizar su trabajo diligentemente, dichos funcionarios -en su calidad de agentes del Estado- incurrieron en una forma de violencia.
 
En lo inmediato, sería interesante que pusiéramos atención en los distintos aspectos que contiene la llamada “reforma” de la reforma procesal penal que impulsa el gobierno, pesquisando lo que atañe al Ministerio Público y la existencia de controles al accionar de los fiscales que supere medidas administrativas y burocráticas como la señalada.
 
Pero también vienen tiempos de campañas electorales y promesas programáticas. Suponen una oportunidad para discutir en nuestro país el carácter sistémico de la violencia de género y la necesidad de impulsar un enfoque integral y transversal que involucre coordinadamente a las instituciones que juegan un rol.
 
En un excelente estudio realizado por Soledad Larraín para Unicef en el año 2008 se consignan siete grandes desafíos a ser considerados a la hora de revisar la política de violencia de género en el país. A juicio de la autora, éstos serían “la necesidad de afrontar de manera amplia la violencia de género, generando un discurso coherente con esta conceptualización y entendiendo que el hecho de ser mujer constituye el factor de riesgo más importante para ser víctima de esta forma de violencia que se expresa tanto a nivel público como privado; el diseño e implementación de una política de prevención; la necesidad de legislación de buena calidad, bien implementada y aplicada; mejorar la respuestas a las víctimas; asegurar la coordinación intersectorial con enfoque de género; establecer una política de coordinación y apoyo a las iniciativas de la sociedad civil y generar un sistema de información e indicadores que permita el seguimiento y evaluación de las intervenciones”.
 
Todas las mujeres podríamos ser Gabriela. Sumemos voces, fuerzas y votos para que ninguna otra mujer en nuestro país tenga que pasar por su mismo calvario.