¿Camino alternativo para la paridad?

Publicado : 11 Octubre, 2012 en Portada, Prensa

por María de los Angeles Fernández y Delia Ferreiro //

DESCARTADA por la ministra Schmidt la aprobación de una ley de cuotas dada la inexistencia de consensos, ha señalado la posibilidad de un incentivo económico. La idea no es nueva. Ya fue planteada en el marco de las propuestas de la Comisión Boeninger y recogida en el proyecto de ley de Participación Política Equilibrada entre Hombres y Mujeres durante la administración Bachelet. La iniciativa propone modificaciones a la Ley de Transparencia, Control y Gasto Electoral, aumentando el aporte de recursos públicos a las candidatas y sus respectivos partidos, de acuerdo al número de votos obtenido en el caso de resultar electas. 

La participación política femenina es una de las deudas que la democracia arrastra con las chilenas. Pese a haber tenido una Presidenta, se observan preocupantes retrocesos: 18% ministras (de 45% con que finalizó el gabinete anterior); la presencia parlamentaria femenina es de 13,9% (frente al promedio de 19,2% mundial, 22,5% a nivel regional y 25% de la Ocde) y el porcentaje de candidatas en las elecciones municipales ha bajado tres puntos con relación a 2008. Es más, se mantiene el abrumador 80% de candidaturas masculinas. Por otra parte, el político es el segundo ámbito en el cual las chilenas se sienten más discriminadas, según la Corporación Humanas.

La clase política mantiene su impermeabilidad a los argumentos normativos y prácticos que abonan la necesidad de más mujeres en cargos de decisión política. Los países más avanzados entienden que su involucramiento es clave para el progreso económico y social. Aquellos en que las mujeres constituyen al menos 30% de los cargos políticos son, coincidentemente, los más inclusivos, igualitarios y democráticos, según Usaid. El gobierno australiano, por ejemplo, acaba de invertir un monto de ayuda significativa en un programa de liderazgo femenino en el Pacífico. En nuestro país, aunque se eliminen lomos de toro y trabas burocráticas a la inversión, el desafío de la competitividad no estará totalmente resuelto si no se incorpora el aporte femenino en todos los niveles y en todas las áreas.

Ante esta situación, surge la inclusión de la perspectiva de género en las normas sobre financiamiento de la política. En nuestro continente, México, Costa Rica y Panamá obligan  a los partidos a destinar un porcentaje del financiamiento público a la capacitación de líderes mujeres. Brasil establece, además, que por lo menos el 10% de los espacios cedidos gratuitamente a los partidos para la campaña en los medios debe ser utilizado por las candidatas mujeres. Honduras prevé una multa sobre el financiamiento público si no se respetan las reglas de equidad de género.

Si Chile aspira a cumplir con los Objetivos del Milenio, con un 40% de mujeres en el Congreso, no puede prolongar su letargo. Como se mantiene el veto transversal a una ley de cuotas, una alternativa es utilizar las normas de financiamiento político como incentivo indirecto para concretar el derecho a ser electas. Sin embargo, el gobierno no termina de asumir un compromiso, por cuanto no las incluye como parte de su paquete de reformas políticas.