David Cameron y Gabriela Blas

Publicado : 20 Junio, 2012 en Portada, Prensa

por Osvaldo torres //
Una coincidencia se produjo este 11 de junio: la prensa informaba que el primer ministro inglés y su esposa habían abandonado por olvido a su hija de ocho años en un restaurant, en tanto en Arica era indultada por el presidente Piñera la pastora aymara Gabriela Blas, que estuvo en prisión cinco años acusada de “abandono doloso con resultado de muerte” de su hijo de casi 4 años. Dos abandonos, uno por olvido en la estresante vida del político, y otro por tener que ir en búsqueda de dos llamas, que a 3.900 metros de altura se habían extraviado y por las que la pastora debía responder, pagando 30 mil pesos por cada animal a su dueño, que le pagaba $3.000.

Dice que dejó a su niño en el aguayo (tela colorida en que lo transportaba) y con un par de juguetes, diciéndole que iba por esas dos llamas y que no se moviera. Regresó pero nunca más lo encontró. No hubo olvido, pero la acusaron de matar a su hijo sin probar que haya sido intencional y, cuando al año encontraron el cuerpo, no se pudo determinar la causa de muerte.

Seguro que a Cameron no le quitaron la tuición de la hija pues tiene, lo que llaman, una familia “bien constituida”. Sin embargo, mientras Gabriela Blas estaba en prisión preventiva, el SENAME de la Región de Arica y Parinacota hizo los trámites para que el tribunal diera en adopción internacional a su otra hija Claudia -producto de una relación incestuosa-, sin tomar contacto con la madre ni con su familia. Este hecho gravísimo debe ser sumariado por SENAME, tanto porque la adopción internacional es un mecanismo utilizado luego de fracasar la búsqueda de parejas nacionales o ante casos de incapacidad real de la madre o de sus familiares, cuestión que en este caso no se respetó. Incluso la directora regional, Viviana Matta, declaró en televisión que la hija “está creciendo en una familia integral, que le está entregando amor, que es eso lo que buscamos. Cuando cumpla 18 años podrá encontrar quienes son sus padres”.

Esta adopción irregular es prejuiciosa, porque se enmarca en una distinción poco clara: ¿qué es una familia integral para la Sra. Matta? ¿La del David Cameron? ¿La de la ex presidenta Bachelet? ¿La que sale en el spot de pañales Pampers? A mi juicio, hay una clara actitud discriminatoria hacia Gabriela Blas y probablemente hacia las comunidades aymaras que constituyen familias de forma “poco común” y sin redes de apoyo próximas ni jardines infantiles a kilómetros de distancia.

Pero el prejuicio de los servicios públicos hacia los niños y hacia la madre aymara no para aquí. La fiscal Javiera López afirmó en su alegato que ella “no cumplió su rol de garante de la seguridad de su hijo” y que habría actuado “incluso contra las leyes de la naturaleza que son roles transculturales, que van con el contenido genético y biológico de la madre”. En el siglo XXI chileno aún tenemos funcionarios públicos que creen que el cuidado de los niños -por naturaleza- pertenece a la madre que viene genéticamente condicionada a darle protección. Este argumento no resiste análisis, toda vez que la pastora no sería mujer-madre ya que no le dio protección a su hijo y si es mujer-madre, como todo lo indica, habría que haberla recluido en un hospital para enfermos debido a que “su naturaleza” no se podía expresar en ella. Más bien, el argumento de la fiscal desconoce completamente la relación entre la cultura y los roles que asumen los seres humanos según la cosmovisión que tienen. La “transculturalidad” que alega la Fiscal para la buena crianza no puede basarse en el supuesto de un Chile homogéneo sin aymaras, ni mapuches, ni rapanuis; ni siquiera se condice con los avances que implican el posnatal para el padre.

La fiscal y la directora de Sename y probablemente un importante sector de la sociedad, no contextualizan lo sucedido con el hijo y la hija de Gabriela. Aymaras en un territorio ancestral, realizando labores básicas de subsistencia, en un Estado que les impuso una lengua y una ley y cuyos funcionarios no alcanzan a comprender que los modos de crianza van a la par que las labores cotidianas con todos sus riesgos, propios del clima, la geografía y la soledad.

Por otra parte, efectivamente los padres son los garantes de la seguridad de sus hijos, pero quienes deben cumplir también ese rol son la comunidad y el Estado. En este sentido, si Gabriela Blas no era condenada aún, ¿por qué el Estado dio a una de sus hijas en adopción? La fiscal, ¿qué piensa de esto? Si no se pudo probar la causa de muerte de su hijo, ni que quiso abandonarlo premeditadamente, ¿por qué insistir en el rol de garante de ella y no el del Estado?

Me parece que la respuesta a estas interrogantes puede avanzar al reconocer que en Chile, respetando nuestras diferencias culturales, no todos somos iguales. En esto se puede decir que la “familia Cameron” tiene evidentes ventajas ante la ley y la administración pública que la “familia de Gabriela Blas”.