Argumentos éticos y técnicos en el debate tributario

Publicado : 21 Marzo, 2012 en Portada, Prensa

Por Eugenio Rivera //

La movilización estudiantil dejó en evidencia que no se podía seguir ignorando la gran desigualdad y la baja calidad del sistema educacional y desencadenó un amplio debate tributario.

 La discusión ha involucrado muchos actores y a un amplio espectro de temas. Es así como quedan en evidencia profundas diferencias relativas a los valores que guían las diferentes proposiciones, a la actitud frente a las carencias sociales, la evaluación del sistema tributario y asociado con ello las diferentes proposiciones.

Sectores de la UDI, personeros vinculados al régimen militar y Libertad y Desarrollo se oponen a aumentar la recaudación tributaria. Su análisis está basado en una visión según la cual la sociedad no existe, que lo que cada uno tiene deriva sólo de su trabajo y que, por tanto, cualquier iniciativa a favor de la justicia distributiva atenta contra los derechos fundamentales del individuo. Esta visión es, en lo fundamental, compartida por la coalición gubernamental. No obstante, sus sectores más lúcidos son conscientes de que no tomar iniciativas en este campo, hace imposible la permanencia de la derecha en el gobierno. De ahí que el gobierno parece dispuesto a incrementar los recursos públicos en torno a US$1000 millones, esto es menos de medio punto del PIB. El propio senador Hernán Larraín ha sostenido que esa cantidad no corresponde a lo que el país necesita.

Otra es la perspectiva que orienta a quienes venimos sosteniendo la necesidad de asegurar una educación y salud igualitarias. Siguiendo a John Rawls, la sociedad existe y es concebida como un sistema de cooperación social justo entre una y otra generación a través del tiempo, en que los ciudadanos como personas libres e iguales colaboran en una sociedad bien ordenada que debe ser regulada por una concepción pública de la justicia.

Desde esta visión resulta inaceptable que mientras el 7% de la población más rica recibe una educación con un costo en torno a los $300 mil, el resto, entre los que se cuentan los niños y jóvenes más desaventajados, debe recibir la educación que puede financiar una subvención en torno a los $50 mil. Lo mismo se observa en salud. Como sostiene el académico de la Universidad Católica Camilo Cid,  mientras que el 19% de los ciudadanos asociados a las Isapres usa un 2,4% del PIB en gastos de salud, el 81% restante usa sólo un 4,5% del PIB. En estas condiciones, el discurso de la derecha respecto de la igualdad de oportunidades es sólo eso, discursos y palabras.

El presidente Sebastián Piñera ha informado que el proyecto de reforma tributaria contempla elevar, permanentemente, a 20% el impuesto de primera categoría y eliminar algunas exenciones. Esta propuesta a todas luces modesta e inconsistente con las necesidades del país (considérese que Educación 20/20 ha estimado los requerimientos de recursos adicionales sólo en educación en tres puntos del PIB, esto es, unos 6.600 millones de dólares) ha sido cuestionada por Rolf Lüders. En su opinión, el aumento del impuesto de primera categoría elevaría el costo neto del capital en Chile, lo que induciría a los empresarios a dejar el país e invertir en el extranjero, lo que redundaría en una caída de las remuneraciones. El supuesto fundamental de Lüders es que el impuesto a las empresas en Chile es igual al de otros países, por lo que un aumento implicaría un inevitable traslado de inversiones al exterior. Dicho supuesto no es correcto, ya que el promedio del impuesto en los países de la OCDE es 25,3% y las tasas en los principales países de América Latina está muy por encima del 20% (Argentina 35%; Brasil 34%; México 30% y Perú 30%). Sin embargo, más importante que esto, y que Lüders no toma en cuenta, es que la decisión sobre un proyecto no está determinada sólo por el costo neto de capital, sino que además por la rentabilidad del proyecto y por un elemento central no económico: las condiciones de paz social, estabilidad política y vigencia del Estado de derecho (si no, que lo diga la familia Luksic y su fallida inversión minera en Pakistán).

Libertad y Desarrollo, por su parte, sostiene que Chile está en tercer lugar en recaudación por impuesto a las empresas entre los países de la OCDE, sólo detrás de Noruega y Luxemburgo. Lo que el centro de pensamiento no dice es que en Chile el impuesto de primera categoría es sólo un crédito contra la tributación de las personas (global complementario),  mientras que en los otros países es una recaudación independiente de la proveniente de las personas. La comparación pertinente es, en consecuencia, la siguiente: mientras que en Chile la recaudación total por impuesto a la renta en promedio para el período 1987-2009 fue 4,4 puntos del PIB (5,1 en 2010), en los países de la OCDE fue de 12,5 puntos del PIB (3,4 puntos correspondientes al impuesto a la renta de las empresas y 9,1 puntos del impuesto a las personas). Estas diferencias son cruciales para explicar las menores desigualdades que caracterizan a esas sociedades en contraste con Chile.

Publicado en Pulso.cl